Hace 10 días, la Municipalidad de La Plata anunciaba el avance de las obras de asfaltado sobre los históricos adoquines de Plaza Rocha. El anuncio generó un rechazo inmediato de asambleas vecinales defensoras del patrimonio local y de los concejales del Frente de Todos al considerar que era una maniobra ilegal.
La resistencia incluyó movilizaciones a la plaza de 7 y 60, amparos judiciales y expresiones de rechazo por parte de los ediles opositores. “Destruyen y sepultan la identidad local para favorecer intereses empresariales basándose en el modelo de CABA”, subrayaron en reiterados los frentistas, reclamo al que se plegaron los representantes del FdT expresando que las obras atentaban contra ordenanzas locales.
Desde la Comuna respondieron que el asfaltado se encuadra dentro de las normativas vigentes y redoblaron la apuesta con un proyecto de Julio Garro para tapar los adoquines de otras 75 calles de la ciudad. La iniciativa contempla la exclusión de nuevas arterias de la lista de sitios protegidos para avanzar con las tareas para “mejorar la seguridad vial”.
“Las obras son por razones de seguridad vial, el normal desenvolvimiento del transporte público, la accesibilidad a establecimientos educativos y centros de salud y cuestiones de movilidad urbana”, señalaron desde calle 12.
Esta semana, la iniciativa de Garro comenzó a tratarse en la Comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante donde obtuvo un dictamen de mayoría con el aval oficialista y uno de minoría donde el FdT plantea reclamos. El jueves, la discusión -acalorada, por cierto- continuó en el recinto.
EL FRENO DE LA JUSTICIA
El mismo día, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, hizo lugar a una medida cautelar presentada por vecinos autoconvocados y ordenó a la Municipalidad de La Plata que frene el asfaltado de los históricos adoquines de la ciudad.
La decisión de la magistrada se da a raíz de la presentación vecinal que denuncia el incumplimiento de una medida cautelar dispuesta en noviembre del año pasado y que desoyó la Comuna.
En ese documento, la Justicia pidió frenar las obras “hasta tanto se acompañe un proyecto integral que tienda a armonizar la tutela patrimonial de la identidad local, con la necesaria modernización en general y, en particular, de los valores que la propia comuna trae en dichos actos”.
La decisión fue apelada por el municipio el 30 de noviembre y revocada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, dejando sin efecto la medida cautelar.
No obstante, la disputa judicial continuó y los vecinos presentaron un “recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal” que, hasta el momento, se encuentra pendiente de resolución por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, la Comuna decidió avanzar con las obras a pesar de que aún no se resolvió esta instancia.
Frente a este escenario, los vecinos volvieron a impulsar una denuncia donde señalan la existencia de una “conducta temeraria” de la Comuna al contradecir la medida cautelar oportunamente impuesta.
Finalmente, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata avanzó en el reclamo y ordenó la suspensión de las obras hasta que la Suprema Corte Bonaerense resuelva el caso.
