martes 22 de octubre de 2019 - Edición Nº581
Editor Platense » Policiales » 7 jul 2019

Una norma que genera controversia

¿Cómo se configura la legítima defensa? Los casos que conmocionaron a la sociedad

Otra vez, estos días volvió a hablarse de esta figura a raíz del repartidor que asesinó a un delincuente que había intentado robarles a él y a una mujer. La “doctrina” Chocobar y el caso Lino Villar Cataldo.


Por:
Lidia López Carballo

A raíz del caso de Rubén Gómez (32), el glover que mató al ladrón Julio Gabriel Zapata (47) el martes último en 10 y 46 de La Plata; y el de Marcos Goyoso, un exagente de la Policía Federal que esa misma semana fue condenado – por la Justicia de Quilmes- a 16 años de prisión por haber disparado y asesinado a un delincuente que lo había asaltado, la figura de la “legítima defensa” volvió a entrar en discusión en la sociedad.

Pero, ¿en qué casos se configura la “legítima defensa”? La mayoría de los juristas consultados por este diario digital respondieron que se debe analizar cada caso en particular. Los requisitos están previstos en el artículo 34 inciso 6to del Código Penal, que establece: a) Agresión ilegítima, b) Necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla; y c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Ello quiere decir que la agresión ilegítima es recibida por quien se “defiende”, causándole un daño al agresor; el segundo requisito da cuenta de que debe mediar una razonable proporción de “medios” utilizados por parte de agresor y agredido (por ejemplo: “a mano limpia”; ambos con un palo, los con un arma blanca o de fuego (similares). En tanto, el tercer requisito impone la necesidad a quien resulta defenderse en la pelea, es decir, este no tiene que ser el que la haya provocado.

Además de lo expuesto, también hay que contemplar el caso de quien actúa en defensa de la persona o de los derechos de otro –que prevé el artículo 34 inciso 7mo del Código Penal. Aquí, se difiere obviamente del caso anterior en que el agredido se defiende “a sí mismo”. En la defensa de “otro”, la ley exige los ya citados requisitos de: agresión ilegítima y necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla; y completa los requerimientos con: la no participación del tercero defensor en una eventual `provocación suficiente`.

Por su parte, el llamado doctrinariamente “exceso en la legítima defensa”, es decir, cuando media demasía en los límites impuestos por la ley, por la autoridad o la necesidad, la legalidad penal desplaza las severas penas de los delitos dolosos (es decir aquellos en los que el sujeto tuvo intención) hacia los culposos, tipificado en el artículo 35 del Código Penal.

En abril de este año, un jurado popular declaró “no culpable” a Lino Villar Cataldo, el médico que mató a balazos a Ricardo Alberto “Nunú” Krabler, el delincuente que intentó robarle el auto cuando salía de su consultorio en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de San Martín. Su defensa alegó “legítima defensa” y doce personas le dieron la razón.

Otro caso muy controvertido fue el del policía Luis Chocobar, quien disparó y mató a Pablo Kikok (18), luego de que éste asaltara a un turista en el barrio porteño de La Boca. Por ello, deberá afrontar un juicio por “homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber”, calificación que fue modificada por la Corte Suprema de Justicia de la nación, ya que –anteriormente- el homicidio estaba agravado por “exceso en legítima defensa”. Más allá de las calificaciones, en su momento se discutió sobre si realmente el oficial se defendió del delincuente o si éste fue ejecutado sin que existiera un riesgo para la vida del agente de seguridad.

En el caso de los funcionarios públicos – y, más precisamente, cuando se trata de un policía- éste, por su preparación y conocimiento protocolar de exigencias legales, debe actuar, cumpliendo con su deber. Esto implica que el agente de seguridad debe: hacer cesar la agresión que padece la víctima, empleando los medios apropiados para tal fin, salvaguardando la integridad física del agredido y la suya propia. Respecto del agresor, se debe hacerlo cesar en su cometido, empleando los medios suficientes para ello, y evitar -en todo momento- arbitrariedades o excesos innecesarios.

Sobre esta cuestión, el inciso 4° del mencionado artículo 34 del Código Penal exime de responsabilidad al que “obrare en cumplimiento de un deber o en legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.

Supongamos que un agresor utiliza un pesado trozo de hierro para atacar a otro, quien tiene un arma de fuego y se encuentra a escasa distancia. Al observar los elementos, parecería que hay desproporción entre los medios empleados por cada uno. Sin embargo, la proximidad física entre el agresor y el agredido compensaría tal desproporción; es decir, el que posee el arma de fuego se defendería de forma legítima, lo que no se justificaría si hubiera veinte metros entre ambos.

En 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal n°4 de La Plata condenó a Alejandro de Jesús Martínez a 11 años de prisión por el homicidio de un hombre en estado de ebriedad. Éste, junto a otros dos sujetos, iban corriendo y amenazando a Martínez. Su abogado había alegado “legítima defensa”, pero en el juicio quedó comprobado que el acusado se encontraba a veinte metros de su agresor cuando efectuó el disparo, por lo cual los jueces descartaron que su vida se haya encontrado ante un riesgo inminente.

 

 

 

 

 

 

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