lunes 14 de octubre de 2019 - Edición Nº573
Editor Platense » Policiales » 17 jun 2019

En pleno año electoral

El Senado evaluará la denuncia contra un fiscal afín a Cambiemos por la inundación del 2013

La Asamblea de Tolosa y un diputado de la Izquierda acusan a Paolini por “mal desempeño en sus funciones”. Señalaron que el letrado evitó investigar a Scioli, Bruera y a otros exfuncionarios.


Por:
Lidia López Carballo

La Comisión Bicameral de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires tendrá que evaluar si corresponde iniciarle un juicio político al fiscal Jorge Paolini, quien investigó la trágica inundación del 2 y 3 de abril del 2013 y que dejó un saldo oficial de 89 muertos. Si este cuerpo resuelve darle curso al pedido, recién entonces intervendrá la Secretaría de Enjuiciamiento.

La denuncia había sido presentada la semana pasada por la Asamblea de Inundados Tolosa y el diputado bonaerense Guillermo Kane, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). En el escrito, éstos señalaron que la actuación de Paolini en el caso “ha sido por demás arbitrario, y los resultados de dicha instrucción derivaron en un juicio correccional de una sola jornada que despertó la indignación de la comunidad de la región, ya que por una catástrofe de enorme magnitud hubo un único condenado por una pena irrisoria”.

“En una causa con una gran trascendencia política y social, (el funcionario) ha dado una interpretación notoriamente arbitraria al material que tenía a su disposición, forzando conclusiones que eximieron a los principales funcionarios públicos de toda responsabilidad en una tragedia cuyas premisas remiten a problemáticas de fondo, como ser la ausencia de infraestructura para afrontar el riesgo hídrico, la carencia de una planificación urbana que derivó en el agravamiento de las condiciones que hacen de la región una zona inundable, la omisión de los organismos gubernamentales de sus funciones de preservación y prevención. Restringió al incumplimiento de funciones de un agente aislado cuando de la misma investigación realizada surge explícitamente el mal desempeño de un conjunto de áreas de gobierno, y del gobierno mismo”, explicaron los denunciantes.

Según la Asamblea de Inundados y el diputado, el fiscal solamente se centró en indagar respecto a la responsabilidad del titular de Defensa Civil de La Plata durante 2013, Sergio Ariel Lezzana, y de su par provincial, el ya fallecido Miguel Ángel Di Lorenzo. Sin embargo, el letrado omitió investigar al entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli, al ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, y a otros funcionarios jerárquicos de aquellos años. En marzo de este año, mediante un juicio abreviado, Lezzana acordó pagar una multa de $12.500 y cumplir con la inhabilitación –por un año- para ocupar cargos públicos.

Un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, realizado previo a la tragedia- refería sobre “la inexistencia de una gestión integral del riesgo de inundaciones debe señalarse como una causa trascendente al momento de analizar las consecuencias del evento, principalmente en lo referente a la pérdida de vidas humanas. Los antecedentes de grandes tormentas como la del 27 de enero de 2002, la del 1 de marzo de 2007 o la acaecida el 28 de febrero de 2008, por citar los ejemplos enumerados por Paolini, advertían sobre ese riesgo. El fiscal reconoce que los poderes tanto municipal como provincial y nacional tenían registro de esta situación”, detallaron los denunciantes.

“Paolini incurrió en actos de parcialidad manifiesta en preservación de los altos funcionarios públicos y no en pos del esclarecimiento de las responsabilidades por la inundación de La Plata los días 2 y 3 de abril. En un accionar negligente, sentó las bases para un juicio correccional de una sola jornada y sin posibilidad de prestar testimonios, violentando el derecho a la verdad que reclama la comunidad platense, que protagonizó multitudinarias manifestaciones exigiendo justicia”, concluyeron desde la Asamblea y el FIT.

El mencionado fiscal ya había sido noticia en agosto del 2017, cuando la Suprema Corte bonaerense le envió una copia de su resolución a la Procuración General provincial, a cargo de Julio Conte Grand, para que inicie una investigación a Paolini por no haber apelado el sobreseimiento del juez Pablo Raele a Daniel Scioli, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, hasta el momento nada se supo si finalmente se le dio curso al requerimiento del máximo tribunal bonaerense. Por ahora, las causas relacionadas por los funcionarios judiciales bonaerenses están paradas en el senado; nadie sabe con certeza qué pasará en las elecciones de octubre. En el ambiente legislativo señalan que Paolini mantiene buenas relaciones con un sector clave de Cambiemos, lazos que comenzó a cultivar rápidamente después de la victoria de María Eugenia Vidal.

Otra causa que aún está en “veremos” es la que se le inició al fiscal Álvaro Garganta. A mediados del año pasado, la noticia de que la Comisión Bicameral había resuelto iniciarle el jury a ese funcionario por las irregularidades de su investigación en el “Cuádruple crimen de La Plata” generó un cimbronazo, que continuó a fines de octubre cuando se sortearon los legisladores que integrarán el jurado. Después, todo quedó nuevamente en la nada; la Suprema Corte aún demora el sorteo de los conjueces y ni siquiera hay fecha para el comienzo del proceso.

 

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