sábado 08 de agosto de 2020 - Edición Nº872
Editor Platense » Nacionales » 31 jul 2020

La reforma judicial

El Presidente dijo que la Corte "funciona mal y no es cuestión de número de miembros"

Alberto Fernández defendió la reforma judicial anunciada el miércoles y aclaró que es un proyecto que va al Congreso, donde la oposición puede plantear discrepancias. "Estamos absolutamente abiertos a escuchar opiniones"


Frente a las críticas de la oposición, el presidente Alberto Fernández aclaró este jueves que la reforma judicial es "un proyecto de ley que va al Congreso" donde Juntos por el Cambio "tiene todas las posibilidades de plantear sus pareceres y proponer correcciones". "Estamos en un momento único donde las decisiones no deben ser impuestas, si no que deben ser construidas. Ayer lo que se hizo fue mandar un proyecto de ley al Congreso donde la oposición tiene todas las posibilidades plantear sus pareceres y proponer sus correcciones", consideró el primer mandatario en declaraciones radiales.

"Estamos absolutamente abiertos a cambios porque lo único que queremos es que la Justicia funcione de otro modo. No firmamos un decreto cambiando la Justicia", remarcó.

También se refirió al funcionamiento de la Corte Suprema y señaló que:"El recurso extraordinario de la Corte se fue ampliando poco a poco. La Corte empezó a intervenir cada vez más. Hoy la Corte define cómo interviene con una arbitrariedad absoluta", explicó Fernández.

"La Corte funciona mal. No estamos viendo cuántos miembros tiene que tener la Corte, con cinco miembros pueden funcionar perfectamente. No es eso", aseguró.

El Máximo Tribunal "puede funcionar con cinco miembros" como actualmente, pero consideró que "está funcionando mal" y que su trabajo está "virtualmente paralizado".

"Toda mi vida he dicho que la Corte debe tener cinco miembros, pero con cinco miembros está funcionando mal y está virtualmente paralizada", dijo el mandatario.

En una entrevista que se prolongó durante una hora y en la que se trataron diferentes temas, el jefe de Estado dijo también que "cuando habla" con juristas "se encuentra con un montón de falencias de la Corte Suprema y con la visión de que lo que resuelve lo hace con una "arbitrariedad absoluta" y "eso funciona mal".

En cuanto a las diferentes opiniones que genera el proyecto, recordó que "todos pueden plantear sus pareceres, estamos absolutamente abiertos porque queremos que la Justicia funcione de otro modo, no queremos otra cosa".

En paralelo, se preguntó: "¿Alguien me puede decir que la justicia federal ha funcionado bien en los últimos 20 años, porque el que me dice eso es un gran cínico?".

"Creamos una comisión para que analice otros problemas que son muy técnicos, la oposición y los medios simplifican y dicen que el Gobierno quiere someter a los miembros de la Corte", lamentó el Presidente.

En esa línea, explicó que la comisión de expertos que se creó para asesorar al gobierno nacional en la reforma tendrá "90 días a partir de agosto" para darle "consejos".

Respecto al comité dejó claro que sus consejos "no tienen que ser unánimes" y que "puede haber dictámenes de mayoría y minoría y después" se formará "opinión".


"Hay una gran falacia en todo esto", advirtió, acerca de los que plantean que tendría que haber consultado antes sobre el tema, y enfatizó que eso ocurre porque "me están proponiendo que repartamos los jueces y no lo voy a hacer, quiero jueces dignos".

El jefe de Estado planteó que "hay otros cuestionamientos a la Corte como que solo intervenga en cuestiones de sentencia definitiva" y consideró que "eso puede dar lugar a cuestiones muy graves".

En otro orden, expresó que "no creamos nuevos juzgados porque las secretaría existen y las causas quedan en su juez natural, es decir que el tribunal sigue funcionando, es exactamente lo mismo".

Fernández, sobre ese aspecto, aseveró que la propuesta oficial "ha acotado enormemente la discrecionalidad a la hora de seleccionar los jueces" y dijo respecto a las críticas que recibe la iniciativa que lo que buscan es "manipular la cabeza de la gente".

En la presentación del miércoles el Presidente dio a conocer un proyecto de reforma judicial que plantea la creación de un nuevo fuero Federal Penal a partir de la unificación del actual fuero Federal con el Penal Económico, que prevé la creación de 23 nuevos juzgados, entre otros aspectos.

Fernández hizo el anuncio acompañado por funcionarios del Gabinete e integrantes del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público que trabajarán durante 90 días para elevarle propuestas sobre cómo mejorar el funcionamiento de la Justicia.

"El poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión", expresó Fernández el miércoles durante la presentación del proyecto que se espera ingresará al Congreso a través del Senado en las próximas horas.

El proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, tal el nombre oficial, ingresó este jueves al Senado de la Nación es una de las promesas de la campaña electoral del año pasado y que fue confirmada por el presidente Alberto Fernández durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional el pasado 1° de marzo, previo a que se declarase la pandemia de coronavirus.

Al presentar el miércoles la iniciativa de reforma judicial, el Presidente postuló un "nunca más" a la justicia utilizada para "saldar discusiones políticas" y pidió que esté en "manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión".

"Sólo busco hacer la república que todos declaman pero algunos humillaron", expresó el mandatario, al encabezar el acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Tras el anuncio presidencial, el Partido Justicialista (PJ), integrante del Frente de Todos, respaldó la reforma judicial por tratarse de una "deuda con la democracia", mientras que desde el radicalismo un grupo de legisladores nacionales se sumó a las críticas lanzadas por Juntos por el Cambio, que rehusó participar del acto.

En tanto, varios juristas como el dirigente radical y exjuez Ricardo Gil Lavedra; el presidente del Consejo de la Magistratura y juez de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones; el abogado Roberto Carles; y la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort; se expresaron a favor de la iniciativa mientras que otros como el fiscal Guillermo Marijuán hicieron observaciones.

El Consejo Consultivo fue elogiado por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, por la "pluralidad" y la “solvencia académica” de los miembros, deberá elaborar un dictamen con propuestas y recomendaciones al Ejecutivo sobre reformas a la justicia, entre ellas referidas a la Corte Suprema, en un plazo de 90 días.

REVISARAN TRASLADOS

Por otra parte, el Consejo de la Magistratura aprobó la revisión de diez traslados de jueces federales que no cumplieron con el trámite dispuesto en la Constitución, en una votación ajustada que enfrentó al oficialismo y la oposición.

La Corte Suprema deberá expedirse para ratificar el traslado de estos jueces, como hizo con casos anteriores, o por el contrario disponer que el Ejecutivo complete el procedimiento y eleve a consideración del Senado estas designaciones, según lo resuelto por el pleno del Consejo.

La cuestión había sido debatida largamente en la comisión de Selección del Consejo, a propuesta del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, quien elaboró un informe sobre todos los traslados que se realizaron desde 1998 hasta la actualidad. A los preocupados por las causas de CFK no las afecta en nada, aclararon.

Ustarroz advirtió tres tipos de traslados en la justicia: los que respetaban lo exigido por la ley, los que habían hecho alguna salvedad en las exigencias y los que carecían del acuerdo del Senado, entre estos últimos, los diez casos que serán revisados.

“Queremos echar luz sobre el instituto de los traslados, que entre 2015 y 2018, se hicieron muchos que no cumplen las reglas y no cumplen con el acto federal complejo que exige la Constitución”, dijo Ustarroz.

Desde el sector de la oposición, encabezada por el diputado de Juntos por el Cambio (Juntos por el Cambio) Pablo Tonelli, se insistió en que el Consejo no tiene competencia para revisar los decretos presidenciales que ordenaron los traslados ya que estas decisiones generaron efectos y derechos que sólo se podrían retrotraer con una sentencia que anule esos decretos.

“El dictamen carece de un objeto válido e útil”, argumentó Tonelli, en referencia al dictamen propuesto por el consejero Diego Molea para que esos diez nombramientos sean revisados por la Corte Suprema, dando vista al Poder Ejecutivo para una eventual elevación al Senado para que preste su acuerdo.

“La Corte es muy clara, nos marca una directriz muy clara: se necesita un acto federal complejo para designar jueces”, expuso Molea, representante del sector académico, ante sus pares en la reunión virtual que desarrolló la comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial.

La reunión fue presidida por la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño, que habló de su incomodidad por encontrarse en la “ancha avenida del medio”, pero señaló sin ambigüedades que “los traslados se hicieron sin respetar el reglamento" y subrayó: "Nosotros sí tenemos competencia y estamos obligados a convocar a concurso en esos casos”.

Aclaró también que “jamás pondría" su voto "para poner o sacar a un juez" y explicó que sólo se está "consultando a la Corte sobre el traslado, su opinión respecto a estos diez casos y dándole vista al Ejecutivo”.

La diputada se refería a la interpretación de algunos sectores de la oposición, respaldada por algunos medios, en cuanto a que esta revisión tiene por objeto desplazar jueces federales de los expedientes que investigan casos de presunta corrupción.

Más allá de las interpretaciones, el Consejo definió en el plenario, por siete votos positivos -incluyendo el de Camaño- contra seis votos por la negativa, que los traslados de Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Skanata “no han completado el procedimiento constitucional”.

A partir de ahora, la Corte deberá expedirse para ratificar el traslado de estos jueces o disponer que el Ejecutivo complete el procedimiento y eleve a consideración del Senado esas designaciones.

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