martes 04 de agosto de 2020 - Edición Nº868
Editor Platense » Política y Economía » 2 jul 2020

Sigue la pelea legal

La Inspección de Justicia santafesina insistió con la intervención de Vicentin

Al mismo tiempo el gobernador Perotti intervino el puerto de Reconquista luego de un informe del Ente Portuario sobre su presuntas irregularidades. Para la empresa el organismo provincial no tiene legitimación para formular el pedido


La batalla legal iniciada en torno a Vicentin sumó hoy dos nuevos capítulos, con un cruce entre los dueños de la empresa y la Inspección General de Justicia de Santa Fe, que ofreció más pruebas para que se los investigue por haber ocultado sociedades y bienes en el marco de la convocatoria de acreedores. La directora de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, María Victoria Stratta, reiteró su pedido al juez Fabián Lorenzini para que proceda a intervenir a la compañía cerealera Vicentin SAIC y le reclamó celeridad en la decisión por entender que “surgen serias falencias en el desempeño de la administración societaria, que sobradamente configuran el peligro en la demora para justificar una intervención”.

Además, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, intervino el puerto de la ciudad de Reconquista luego de recibir un informe del representante de la provincia en el Ente Portuario, que contenía irregularidades cometidas por la concesionaria de la terminal, perteneciente al grupo Vicentin. El mandatario provincial firmó el lunes el decreto número 574/20, a través del cual dispuso la intervención del Ente Portuario Puerto Reconquista (EAPRe) por 180 días, según publicó este miércoles el diario Santa Fe.

A través del mismo decreto, Perotti designó como titular de la intervención al actual representante de la provincia en la entidad, Martín Deltin.

En 1999, una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA, reseñó el periódico santafesino. El decreto indicó que el 14 de febrero pasado “se eleva informe-denuncia del actual representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista y que por su gravedad origina los presentes actuados”.

El informe reveló que supuestamente “la ‘Terminal A’, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”.

De acuerdo al trabajo realizado por Deltin, “ello es así porque ‘Terminal A’ no efectúa un embarque desde el año supra indicado, no registra movimiento portuario alguno", situación que configura "un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual".

Además, "conlleva responsabilidades de las autoridades en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor”.

Deltin denunció ante Prefectura Naval Argentina “el acopio y embarque no registrado ni autorizado del Buque Trasbordador ‘Cynthia’ matrícula 01478”, el 26 de mayo de este año, lo que indica que sí hubo actividad en la terminal. El decreto añadió que “la ‘Terminal B’ utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista-Goya” y que "el resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías (de lanchas)" y a un estacionamiento.

Perotti indicó en el decreto de intervención que "por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley".

También puntualiza el decreto que "según surge de las del Actas de Directorio, se observa en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos, una confusión de funciones y responsabilidades y que pueden ser consideradas, en principio, un apartamiento de la Ley y su reglamentación en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción”.

El decreto también adjudica un “grave incumplimiento en cuanto a la fiscalización y control", que deriva en "que el desenvolvimiento institucional del EAPRe resulte cuestionable por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos".

Para los dueños de la compañía, el escrito de la titular de la IGJ de Santa Fe, María Victoria Stratta, forma parte de una actitud "temeraria y calumniosa" destinada a lograr la intervención de la firma a partir de un plan impulsado por el gobernador Omar Perotti.

Stratta, mediante un extenso documento, pidió al juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que se adopten diversas medidas para determinar: "a) las vinculaciones societarias ocultadas al pedir el concurso preventivo y, b) la conducta de los directores respecto de sus bienes".

"No obstante, a ellas cabe agregar hoy otros hechos vinculados a la administración que no hacen sino corroborar la necesidad de intervención de la administración", agregó la funcionaria.

Allí realizó una extensa puntualización de lo que considera irregularidades respecto de la composición societaria de la compañía y de las asambleas realizadas.

Reclamó que se pidan fotocopias de la causa que se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 10, Secretaría Número 20 y también de la denuncia y del informe elaborado por el Fiscal Gerardo Pollicita.

El Fiscal tiene a su cargo la causa penal donde se investiga si hubo delitos en el otorgamiento de créditos a Vicentin por $18.500 millones y en la que están imputados el ex presidente de esa entidad en la gestión macrista, Javier González Fraga, y los empresarios y dueños de la exportadora, Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.

El denominado Plan Perotti busca que el juez del concurso desplace a los dueños de seguir al frente de la compañía y que en su lugar se designe un órgano de administración.

Este organismo -que supone una salida menos coercitiva que la intervención del Gobierno nacional- estaría controlado por la asamblea de accionistas, los síndicos societarios, el juez, los síndicos del concurso y el comité de acreedores.

Sin embargo, el 19 de junio, el juez decidió dejar sin efecto la intervención decretada por el presidente Alberto Fernández, repuso a los propietarios y contra esa medida la IGJ interpuso un recurso, pero el magistrado decidió que ese reclamo sea analizado en un incidente por separado.

Para los propietarios de la agroexportadora, el organismo provincial que encabeza Stratta "carece de legitimación" para formular el pedido y explicaron que en el proceso judicial es "donde la peticionante y la concursada deberán expresar todo lo que haga a sus derechos". Agregaron que el pedido de revocatoria "pretende ser sostenida con fundamentos solo aparentes, ambiguos e incluso falaces".

 

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