martes 04 de agosto de 2020 - Edición Nº868
Editor Platense » Nacionales » 29 jun 2020

Serios cuestionamientos al juez

El Gobierno le pide a la Justicia porteña que resuelva sobre la intervencíón a Vicentin

Se cuestiona el fallo Lorenzini porque rechazó el DNU sin declararlo inconstitucional. Además se supo que fue abogado del Banco Nación y que trató temas del grupo. Ex funcionarios del banco oficial en la mira


El Gobierno nacional pidió este lunes a la Justicia porteña resolver sobre la intervención de la cerealera Vicentin, y calificó de "arbitrario" el fallo del magistrado de Santa Fe, quien tramita la convocatoria de acreedores de la compañía e impidió aplicar esa disposición gubernamental. A través de un complejo entramado judicial, el Ejecutivo nacional pidió que el caso sobre la intervención de la compañía pase al fuero Contencioso Federal de Buenos Aires y que allí se dirima la cuestión.

De este modo, sin quitarle al juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, el proceso de convocatoria de acreedores de la cerealera, el gobierno de Alberto Fernández pretende que la Justicia porteña habilite el decreto presidencial que dispuso la intervención pero nunca llegó a efectivizarse.

El cuestionamiento está dirigido hacia la resolución adoptada por Lorenzini el 19 de junio último por la cual no se expidió sobre la supuesta inconstitucionalidad de ese decreto pues se declaró incompetente, pero ordenó restituir al directorio y mantener sólo como veedores a los funcionarios nombrados por el Gobierno nacional.

El magistrado dijo que carecía de competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de Fernández, pedido que había sido formulado por uno de los acreedores de la compañía.

La presentación fue hecha ante la jueza María Alejandra Biotti, que giró el caso al fiscal Fabián Canda para que opine sobre la habilitación de la feria y si es viable o no el pedido del Gobierno.

"Si el magistrado del concurso se declaró incompetente para entender en la demanda de inconstitucionalidad va de suyo que también lo es para atender la petición cautelar", se indicó. Además se sostiene que "lo incoherente, contradictorio y arbitrario de su decisorio radica también en que, aun cuando se declaró incompetente para tratar la inconstitucionalidad del acto impugnado, igualmente lo hizo al privar apresurada e infundadamente de efectos al DNU N° 522/20 -una norma, se reitera, de rango legal- sin dar lugar a la bilateralización y defensa del Estado Nacional", explicó el Ejecutivo en la presentación.

Lo que busca el Poder Ejecutivo Nacional es la inhibitoria por parte del juez de Reconquista, quien dictó la medida cautelar pero paralelamente se declaró incompetente para resolver el pedido de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Gobierno.

"Lo más grave es que el magistrado interviniente soslayó que el DNU, como tal, es ley en sentido material y goza de presunción de constitucionalidad", sostuvo el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Por otra parte, se conoció que Lorenzini, quien entiende en la causa sobre la intervención de la cerealera Vicentin, tiene alrededor de un año y medio como magistrado pero en los 20 años anteriores -desde 1999 hasta noviembre de 2018- fue empleado del Banco Nación en la sucursal de la misma ciudad santafesina y firmó dictámenes sobre empresas del grupo.

Así lo pudo averiguar la agencia Noticias Argentinas por lo que Lorenzini hoy está fallando sobre una empresa que fuera su cliente, pero además, el Banco Nación tiene certificada la firma del juez en decisiones sobre empresas del Grupo Vicentin, entre ellas Buyanor S.A., Biogas Avellaneda y Renopack.

Con estos argumentos, el Banco de la Nación Argentina (BNA) tenía previsto pedir la recusación del magistrado esta semana.

En ese sentido, con este objetivo dentro del Banco Nación se elaboró un primer informe preliminar sobre Lorenzini, que sería base de una próxima presentación judicial. Antes de que todo esto trascendiera, llamó la atención que cuando el Estado Nacional decretó la intervención de Vicentin, el juez decidiera no pronunciarse sobre la cuestión de fondo, pero sí determinar que los interventores sólo debían ser veedores, y que los dueños de la empresa debían seguir manejándola.

De acuerdo a diversas opiniones, lo más lógico hubiera sido que el magistrado se excuse sobre todo, la forma y el fondo. Sin embargo, no lo hizo, y además la última semana ratificó su decisión frente a las apelaciones presentadas.

El informe que presentará el Banco Nación para recusar al juez tiene, entre otros puntos, lo siguiente:

1. El juez del concurso tiene 17 meses de antigüedad como juez, primera y única experiencia en la Justicia.

2. Durante 20 años fue empleado del Banco de la Nación Argentina (1999/noviembre 2018), el 90% de su vida laboral.

3. El Banco Nación es el mayor acreedor del Concurso que le toca llevar adelante como juez.

4. La tarea que desarrolló durante los casi 20 años en el banco es la de abogado y apoderado de la Sucursal de Reconquista.

5. La Sucursal de Reconquista tiene como cliente principal a las empresas del Grupo Vicentin.

6. En su condición de abogado del Banco Nación dictaminó sobre temas vinculados a empresas del Grupo Vicentin, a modo de ejemplo, se pueden citar Buyanor SA (dictamen 141 de fecha 27 de abril del 2018), Biogas Avellaneda SA (dictamen 210 de fecha 9 de octubre del 2018) y Renopack SA (dictamen 218 de fecha 26 octubre 2018).

7. Las empresas referidas en el punto anterior son de reciente constitución, Renopack SA constancias de inscripción 22 de mayo 2018, Biogas Avellaneda SA constancias de inscripción 27 de octubre 2017 y Buyanor SA es de 2015.

8. Sin poner en cuestión la legalidad de las empresas mencionadas ni de los dictámenes del abogado del Banco Nación, hoy juez del concurso del grupo empresario, y enmarcado todo lo expuesto en las sospechas de vaciamiento de Vicentin (mayor deudor del banco), dicha sospecha de vaciamiento realizado presuntamente a través de una red de empresas constituidas con ese fin, es que consideramos que el Juez del concurso, que hace solo 17 meses dictaminaba sobre esas empresas en condición de apoderado del Banco constituido en el concurso como el mayor acreedor con más de 300 millones dólares, tendrá limitada su imparcialidad.

9. Si bien todo lo expuesto puede ser insuficiente para garantizar una efectiva recusación del juez, se considera oportuno que de mínima tal situación sea expuesta de manera clara ante la opinión pública.

Además, ayer se informó que antes de las elecciones presidenciales de 2019, el Banco de la Nación le otorgó créditos por casi 62 millones de dólares a la endeudada compañía agroindustrial Vicentin.

Ese préstamo -equivalente a poco más de 3.600 millones de pesos al tipo de cambio oficial de la época ($ 59)- se desembolsó en pocos días, según se pudo confirmar hoy. En agosto de 2019, el Nación -presidido entonces por Javier González Fraga- ya le había prestado 18.000 millones de pesos a Vicentin (unos 400 millones de dólares si se toma una cotización estimada en $ 44 en aquellos tiempos).

El 11 de ese mes (el dólar ya estaba en $ 53), Alberto Fernández le ganó las elecciones primarias a Mauricio Macri por una diferencia de 8 puntos, y el 19 (con la divisa a casi $ 55), Vicentin incumplió su primer pago con el banco, situación que se repitió en septiembre (dólar a $ 57) y los meses siguientes.

Finalmente, entre el 8 y el 15 de noviembre últimos, en apenas una semana, el banco volvió a financiar a ese grupo empresarial -en concurso preventivo y al borde de la quiebra- por 61,6 millones de dólares. De acuerdo con la Resolución 1994 del banco emitida el 21 de noviembre último, González Fraga y el entonces vicepresidente del Nación, Lucas Llach (foto), se hicieron responsables legales por los créditos.

A partir de allí se enumera el detalle de seis créditos, el más pequeño por un millón de dólares (el 11 de noviembre) y el más grande por u$s 30,1 millones (el 8 de noviembre).De quienes firman esa resolución, la semana pasada el banco licenció a dos: el ex gerente general Juan José Fragatti y el ex subgerente de Banca Corporativa Martín González.  La misma suerte de licencia y sumario interno, aunque no aparece en esa resolución, corrió la responsable del área Riesgo Crediticio, Susana Ojeda, confirmaron fuentes de la entidad.

Entre las actuales autoridades del Nación sostienen que por esos créditos son "responsables todos los que firman, y la rúbrica del gerente general, Fragatti, que está sobre la derecha del documento, garantiza que la resolución se cumpla hacia abajo. Si hay algo fuera de norma, la línea también es responsable de lo que firma y ejecuta", consideraron esas fuentes. .

 

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