miércoles 08 de julio de 2020 - Edición Nº841
Editor Platense » Política y Economía » 20 jun 2020

Anuncian marchas opositoras

Impulsan una intervención judicial de Vicentin tras un fallo que repuso a su directorio

El juzgado del concurso rechazó la intervención ordenada por el Gobierno nacional, pero sin declararla inconstitucional y repone hasta el fín de concurso a su anterior directorio. El Presidente apoya la propuesta "sin los Vicentin"


El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, anunció  este viernes una nueva propuesta para intervenir la agroexportadora Vicentin, aunque sin expropiarla, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Gobierno nacional, según dijo, y que permitiría destrabar el conflicto con la empresa, luego que el juez Fabián Lorenzini dispusiera la anulación de la intervención dispuesta por un DNU del Presidente de la Nación y restituir a la anterior conducción, mientras asigna la función de meros  veedores a los interventores designados por el el Ejecutivo nacional..

"El presidente Alberto Fernández apoya esta propuesta, la avala y esperemos que el juez nos diga manos a la obra para ponernos a trabajar con esta alternativa", sostuvo el mandatario provincial 

Por su parte el propio Alberto Fernández reiteró que siempre estuvo de acuerdo con una "propuesta superadora" para superar el conflicto de Vicentin, pero aún así criticó la medida dispuesta por el juez Fabián Lorenzini, por considerarla un sinsentido. “Por un lado dice que no hay inconstitucionalidad en el decreto de intervención y por otro remueve a los interventores y repone al directorio de Vicentin”, señaló.

Al mismo tiempo, el mandatario se refirió a la propuesta presentada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. “Hemos pedido la intervención de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe ante el Juzgado del concurso para tener la administración de la empresa Vicentin y dejar de lado la expropiación«.

Y explicó cómo quedaría la situación en caso de que se aprobase el pedido del gobernador de Santa Fe. “La clave de esta propuesta es que sería sin los representantes de Vicentin. Quedarían los dos interventores ya designados en el decreto 522/2020 y se agregaría uno por la provincia de Santa Fe. Los Vicentin se van a ir de la empresa. No puedo negociar con ellos por lo reprochables que son en términos penales”.

Además, comentó: “Los integrantes de la Corporación Financiera Internacional, con domicilio en Washington, que representa al Banco Mundial, me dijeron que estaban a favor de que el Estado se hiciera cargo de la empresa porque saben lo que hicieron Nardelli y el resto de los dueños de Vicentin”.

Perotti informó que el plan ya fue presentado al juez de Reconquista Fabián Lorenzini, que tiene a su cargo la convocatoria de acreedores de la compañía, en tanto que este viernes hizo lugar a una medida cautelar y repuso a los dueños de la cerealera Vicentin por un plazo de 60 días.

El mandatario santafesino explicó que la iniciativa "deja de lado la expropiación y permite trabajar en el concurso que está en trámite" e insistió en que se trata de una "propuesta superadora" al proyecto inicial del Gobierno.

En declaraciones a la prensa formuladas tras reunirse con Fernández en la Quinta Presidencial de Olivos, explicó que la nueva intervención se concretaría a través de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, pero sin llegar a la expropiación.

Señaló que "en este negocio, cuando alguien no puede pagar pierde confianza y está afuera" y añadió que tras la reunión con el Presidente en Olivos, el mandatario "dijo que estaba dispuesto a escuchar una alternativa y eso no solo podía provenir de la empresa, sino también de nosotros".

"En ese contexto nos pusimos a trabajar con la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe en una presentación que realizamos. Hemos pedido una intervención judicial de la empresa Vicentin en el marco del concurso. Esto lo trabajamos en conjunto con el Presidente y ya lo hemos presentado al juez", aseveró.

Detalló que la idea es que la Inspección le solicite al juez que intervenga en el concurso, pero que le de la administración de la compañía y de esa manera seguir el trámite judicial.

"Con activos en gran parte de la provincia, hicimos esta presentación para que en el marco del concurso, dejando de lado el proyecto de expropiación, se genere allí la conducción de la empresa a través de tres personas que propone la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe", indicó el mandatario.

Dijo que la presentación se hizo en el mismo momento en que el juez dispuso reponer a las autoridades de la empresa, y que por eso solicitaron la suspensión de esa resolución.

"Este proyecto es el que define que no hay expropiación. El juez tiene en sus manos esta decisión que ha acompañado el Presidente", subrayó.

La iniciativa de Perotti establece la creación de un órgano Interventor, integrado por Gabriel Delgado y Luciano Zarich, que habían sido designado oportunamente por el Poder Ejecutivo central mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/20, y por Alejandro Bento.

Delgado sería el presidente de ese órgano, Bento, el vicepresidente, y Zarich, el vocal.

"La representación de la sociedad está a cargo del presidente. Puede ser ejercida por cualquiera de los restantes miembros -indistintamente- en caso de ausencia o impedimento del presidente", se indicó en la propuesta.

"Se atribuyen a la intervención las funciones de administración y representación societaria que la ley y el estatuto confieren al directorio y a su Presidente", agregó la iniciativa. Por último, señaló que la intervención se ordenará por el plazo en el que transcurra el concurso preventivo de acreedores.

Antes de conocerse esta nueva propuesta "superadora", el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo de la convocatoria de acreedores de Vicentin, hizo lugar a una medida cautelar y repuso a los dueños de la cerealera por un plazo de 60 días, que puede ser prorrogable, al tiempo que estableció que el interventor designado por el Poder Ejecutivo, Gabriel Delgado, quede como veedor.

Así lo dispuso el juez en lo comercial ante una presentación de los dueños de la empresa, que es motivo de controversia a raíz de una decisión del Gobierno nacional que busca expropiarla, tras haber anunciado su intervención por decreto.

La resolución judicial obedeció a un pedido de los actuales dueños de la compañía agroindustrial, que además plantearon la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández al considerar que era falto de fundamentación.

Los actuales dueños recordaron que existe un proceso de verificación de créditos en curso, y señalaron la necesidad de resguardar el giro normal de las actividades de la empresa, atender las obligaciones cuyo vencimiento se produce periódicamente, y abonar salarios de miles de trabajadores.

Según los dueños, se podría ver afectado el concurso que tramita ante la Justicia Comercial y también a sus acreedores dado que el cobro de sus créditos depende principalmente de la continuidad operativa de la empresa.

Sobre el pedido de inconstitucionalidad del decreto, el juez dice que no guarda conexidad con el trámite del concurso de acreedores y por ello se declara incompetente.

Lorenzini, a cargo del tribunal Civil y Comercial de Reconquista, en Santa Fe, aceptó el argumento de la empresa sobre que "los procesos concursales admiten medidas cautelares específicas tendientes a la defensa de la integridad del patrimonio del deudor en defensa de los acreedores".

"Luego, tanto las constancias de autos, como los acontecimientos políticos de conocimiento público referidos a la interrupción de aquella administración mediante la intervención presidencial en la sociedad concursada, dan cuenta de un concreto desplazamiento de sus directores naturales, situándonos en el actual escenario de incerteza jurídica con respecto a quién debe investir el rol de administrador y representante de la concursada", sostuvo el juez en el fallo.

Tener en cuenta que Vicentin es "una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos", según el magistrado, es que justifica la medida cautelar, "a raíz del volumen de las deudas denunciadas por la concursada -unos 1.350 millones de dólares-, por la gran cantidad de establecimientos que titulariza, los miles de trabajadores que de ella dependen, y la gran cantidad de contratos y operaciones que periódicamente deben procesarse mediante las decisiones que se adopten, precisamente, desde dicha administración societaria".

"Su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y postconcursales", argumentó el magistrado, cuya decisión puede ser apelada.

Además, evaluó que "se produce una situación disruptiva consistente en la intervención del órgano de administración dispuesta por el Estado Nacional en el marco de un DNU" y la medida de Gobierno genera un "impasse que amenaza con afectar negativamente su giro comercial y actividad industrial, con el consiguiente riesgo de una paralización de sus actividades".

"Ello amerita una actuación judicial efectiva que deberá tener como objetivo brindar certeza y seguridad jurídica para la concursada, sus acreedores, proveedores y empleados, a los fines de transitar virtuosamente este período transicional, hasta tanto sea dirimida la cuestión constitucional o se reconfigure virtuosamente el rol de los distintos actores actualmente en disputa", concluyó.

De esta forma, el juez repuso a los dueños en la administración por un plazo de 60 días que puede ser prorrogable, y al interventor designado por el Poder Ejecutivo, Delgado, únicamente le da el alcance de veedor de la empresa. En su decisión, el juez le da intervención a la Sindicatura General de la Nación "a los fines de que brinde un informe pormenorizado del estado actual de la administración de la sociedad concursada tendiente a establecer, para el caso de corresponder, la posibilidad de revisar el presente decisorio o realizar las modulaciones que fueran indispensables para asegurar la continuidad del proceso concursal".

También a la Inspección General de Justicia y a la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe. Precisamente con el aval de la Inspección General de Justicia de Santa Fe, el gobernador Perotti impulsa una nueva intervención, pero sin la finalidad última de la expropiación.

Al respecto, el bloque de diputados nacionales de la UCR expresó su satisfacción por el fallo judicial que repuso a los dueños de la cerealera Vicentin por un plazo de 60 días, y lo calificó como "una señal de justicia y legalidad" . La bancada que preside el cordobés Mario Negri se refirió así al fallo del juez del tribunal Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini que estableció además que el interventor del Poder Ejecutivo quede como veedor.

"Una señal de justicia y legalidad", señaló Negri a través de un comunicado, en medio de la discusión sobre la intervención de la exportadora de granos y el anuncio de la eventual expropiación.

A su turno, el diputado Álvaro de Lamadrid, manifestó: "Un fallo que frena a (la vicepresidenta) Cristina Kirchner y el 'vamos por todo', dejando sentado lo que sostuvimos: la empresa en el concurso es quién debe encauzar su crisis".

"Celebramos la decisión de la Justicia, este es el camino", agregó por su parte Gabriela Lena, mientras que sus pares Claudia Najul y Ximena García calificaron la resolución como una "buena noticia para la República".

En tanto, otros diputados radicales manifestaron también su conformidad con el fallo a través de Twitter, como el mendocino Luis Petri, que consideró que se trata de "una sabia decisión de la Justicia, que restablece la vigencia de la ley de concursos y suprime la arbitraria intervención del Gobierno".

La UCR rechaza al igual que el resto de la oposición el anuncio de expropiación y participa incluso de la convocatoria al "banderazo" de este sábado en contra de la medida anunciada por el Gobierno que, sin embargo, todavía no fue enviada al Congreso.

El partido que encabeza Alfredo Cornejo publicó la convocatoria en su cuenta oficial de Twitter, donde expresó: "Vamos a manifestarnos para rechazar los avances del Gobierno sobre la Argentina productiva y republicana y la expropiación de Vicentin".

"Expresémonos respetando las disposiciones y cuidados sanitarios", agregó la publicación en atención a las medidas dispuestas ante el avance del virus COVID-19.

 Sectores de la oposición y manifestantes independientes convocaron para este sábado a una movilización en distintos puntos del país bajo la consigna "Banderazo nacional" para rechazar la anunciada expropiación de la empresa Vicentin.

Si bien el proyecto de expropiación anunciado por el Gobierno todavía no fue enviado al Congreso, distintos sectores convocan a la movilización para este sábado a partir de las 16 a través de las redes sociales con los hashtag #NoAlaExpropiación, #20J, y #BanderazoNacional.

La protesta se llevará a cabo en más de 60 localidades, casi todas vinculadas fuertemente a la actividad agropecuaria, y coincidirá con la conmemoración del "Día de la Bandera", que tendrá su epicentro en el monumento de la ciudad santafesina de Rosario.

Una de las agrupaciones que convoca es "Campo+Ciudad", la cual emitió un comunicado en el que señala que la movilización no es únicamente por "el caso concreto de la empresa" exportadora de granos sino "por la voluntad de expropiar una empresa privada".

Entre los convocantes también está la UCR, cuya cuenta oficial de Twitter publicó: "Mañana a las 16 vamos a manifestarnos para rechazar los avances del gobierno sobre la Argentina productiva y republicana y la expropiación de Vicentin. Expresémonos respetando las disposiciones y cuidados sanitarios. #NoALaExpropiación

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