sábado 31 de octubre de 2020 - Edición Nº956
Editor Platense » Política y Economía » 31 ene 2020

Las retenciones vuelven a tensar las relaciones entre el gobierno y el campo

Desde CARBAP se dio un ultimátum hasta hoy 31 de enero para eliminar los derechos de exportación


Por:
Roberto Pascual

¿Con el gobierno peronista vuelve la guerra abierta con el campo?

El tema desvela a las autoridades económicas tanto a nivel nacional como provincial. En especial luego de que tras algunas manifestaciones, protestas y tractorazos en distintos puntos de la zona agrícola más rica del país, en una asamblea llevada a cabo el fin de semana pasado en Pergamino con la asistencia de unos 700 productores se dispuso dar un plazo hasta el 31 de enero antes de iniciar medidas de fuerza.

Se trata de una reedición de la disputa que en 2008 enfrentó durante 129 días a las cuatro entidades que representan a los productores agropecuarios nucleados en la denominada Mesa de Enlace. Esa entidad coordinó la prolongada protesta contra el gobierno kirchnerista, dejando de lado las tradicionales diferencias de entidades que representan a grandes, medianos y pequeños productores, de distintas partes del país.

Ahora, el nuevo ultimátum al flamante gobierno de Alberto Fernández la formularon productores de CARBAP, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa, sin dudas el sector más combativo dentro de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que integra a nivel nacional.

¿QUÉ SON?

A esta altura conviene aclarar algunos conceptos,  no siempre bien explicitados.
Las retenciones, en definitiva, son derechos de exportación que, por lo tanto, se le cobra a quienes venden su producción a tercero países. Se trata de grandes cerealeras ya que de acuerdo a informes del  ministerio de Agroindustria de la administración de Mauricio Macri en 2018 se exportaron 69 millones de toneladas de granos, harinas y aceites. Y tres empresas Cargill, ADM Agro y Bunge fueron los principales exportadores, mientras que los cinco mayores empresas embarcaron alrededor del 54% del total.  

Solo Cargill despachó cerca de 9,6 millones de toneladas, lo que representa el 14% del total, ADM. aproximadamente 7,3 millones de toneladas es decir 11% del total y Bunge 7,2 millones de toneladas, 10% del total. En el cuarto puesto se ubica COFCO con 6,8 millones de toneladas y en quinto puesto Aceitera General Deheza con 6,7 millones de toneladas.

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Si computamos los 10 principales exportadores (es decir junto a las nombradas las firmas Vicentín -que hoy atraviesa una seria crisis-, Dreyfus, Oleaginosa Moreno, Molinos Agro y ACA, este grupo remitió al exterior cerca de 63 millones de toneladas, lo cual representa el 90% del total nacional. Y del análisis de las 15 principales empresas exportadoras se demuestra que en el 2018 vendieron a otros países cerca de 66,6 millones de toneladas de granos, harinas y aceites. Esto implica que los 15 mayores exportadores representaron el 96% del total de los despachos nacionales.

Es decir que son estas grandes empresas a quienes se retiene el valor de los derechos de exportación. Pero, como queda claro, a su vez estas terminales descuentan a los productores el monto de esas retenciones, lo que complica la aplicación de beneficios segmentados.

Sucede a grandes rasgos, que mientras para los productores, en especial los medianos y chicos alejados de los puertos como el de Rosario, el impacto de la retención puede ser inmenso, no sucede lo mismo para aquellos sectores de grandes extensiones y cercanos a los puertos exportadores.

Esto ya marca una diferencia notoria, que no resulta sencillo de superar. En rigor la metodología para paliar las grandes diferencias entre los distintos tipos de productores es mediante la aplicación de reintegros (es decir la devolución total o parcial del valor descontado para hacer frente a las retenciones). Es una modalidad siempre cuestionada por sus beneficiarios por el alto costo financiero que representa.

Ahora, el nuevo malestar de los productores agropecuarios pasa por la aprobación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, conocida como ley de Emergencia Económica que faculta al Poder Ejecutivo a aplicar derechos de exportación de hasta 33% para soja y derivados y del 15% para trigo y maíz. Así, respecto de los niveles vigentes al viernes 13 de diciembre, las retenciones a la soja pasarían de $14,77 a $19,74 por dólar (con una suba de 33,6%) y las de trigo y maíz de $4 a $8,97 por dólar (con un incremento del 124,25 por ciento). Sin embargo, por ahora este aumento no rige, dado que se mantienen los valores anteriores del 30 y el 12 por ciento para la soja y para el maíz y el trigo, respectivamente.

Si bien parece toda una contradicción que un país con una compleja situación de su sector externo ponga trabas para exportar, la crisis de las cuentas fiscales obliga a volver a implementar este tipo de medidas.

MULTIPLES OBJETIVOS

Las retenciones rara vez se utilizan con una única finalidad. Si bien la cuestión fiscal es la preponderante, también adquiere gran relevancia sus efectos distributivos de los productores a consumidores y del interior a los centros de consumo, es decir que funcionan, en la práctica, como un impuesto a la producción con un simultáneo subsidio al consumo.

Según el investigador Mario Rapoport, el origen de las retenciones a las exportaciones se remonta a 1862 bajo en gobierno de Bartolomé Mitre y desde entonces se registraron numerosas idas y vueltas con distintas alícuotas y formas de aplicación. Y si bien durante varios años no rigieron  como en la década de 1920 y 1930, lo más destacado comienza a partir de 1940 cuando el gobierno reforzó el control sobre el comercio exterior con la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI).

El IAPI era el encargado de la comercialización externa de las cosechas argentinas, en reemplazo de empresas que antes, y algunas ahora, se dedicaron al rubro como Bunge y Born o Dreyfus.

Una vez disuelto el IAPI  como una de las primeras medidas dispuesta el 16 de septiembre de 1955 por la Revolución Libertadora, que derrocó a Juan Domingo Perón, ese mismo gobierno militar decidió comenzar a aplicar retenciones del 25% a fines de ese mismo año.

Las retenciones estuvieron vigentes durante casi toda la gestión de Alfonsín y virtualmente eliminadas, salvo para las oleaginosas y con una alícuota muy reducida, por el gobierno de Menem. Con la crisis del 2002, Duhalde decidió volver a implementar los derechos de exportación e inicialmente las alícuotas fueron del 10% para trigo y maíz y del 13,5% para soja y el girasol mientras los productos procesados pagaban 5%, pero en abril de ese año los porcentajes subieron a 20% en cereales y 23,5% en oleaginosas, respectivamente, mientras que harinas y aceites de soja y girasol comenzaron a tributar un 20%.

Ya con el kirchnerismo, la historia es más conocida y en enero de 2007 la resolución 10/07 del ministerio de Economía y Producción incrementó las alícuotas en 4 puntos porcentuales, por lo cual el complejo sojero pasó a pagar un 27,5% para el grano y 24% para los subproductos. Y más tarde el gobierno modificó todo el esquema, esta vez en la búsqueda de "reducir los precios internos", con lo cual el maíz comenzó a pagar un derecho de exportación del 25% y el trigo del 28%, mientras que las alícuotas de girasol y soja se incrementaron hasta 32 y 35%, respectivamente, con 3 puntos de diferencial arancelario para los productos de primera transformación industrial.

Fue entonces que el ministerio de Economía, comandado por Martín Lousteau, diseñó un sistema móvil que en el momento de su anuncio aumentaba la carga tributaria hasta niveles que prácticamente eliminaba la rentabilidad del sector. Claro, por entonces, el precio de la soja se aproximaba a los 600 dólares la tonelada, con un récord de 609,23 dólares en Chicago el 3 de septiembre de 2008, sólo superado en julio de 2012 cuando alcanzó los 611,78 dólares. En la actualidad la oleaginosa cotiza en baja a 336 dólares la tonelada.

Al mismo tiempo se mantenía un tipo de cambio muy alto, claramente muy diferente al hoy vigente en el mercado oficial.

Fue por entonces que estalló la crisis con el campo y los 129 días de protesta agropecuaria que generó desabastecimiento en contra de la aplicación de la resolución 125 y el posterior y famoso “voto no positivo” del entonces vicepresidente Julio Cobos. Pero aún sin modificar el esquema anterior, las retenciones fueron entre 2008 y 2011, la principal fuente de ingresos de divisas y fiscales del país.

El gobierno de Mauricio Macri eliminó las retenciones para el trigo, el maíz, la carne y productos regionales, dejando la alícuota para la soja en 30%, alícuota que a partir de enero de 2018 empezó a reducir en 0,5% mensual, mientras proponía su definitiva eliminación en 2022.

La crisis en abril de 2018 lo llevó a archivar ese esquema de reducción y en agosto del mismo año cesó la aplicación de ese esquema. Se fijó una nueva tasa de 4 pesos por cada dólar exportado (que al cambio del dólar a 40 pesos, significaba una tasa del 10%), y se anunció que al mismo tiempo reduciría las retenciones sobre la soja, que estaban en 25,5%, al 18%. Así, la retención total de esta oleaginosa pasó al 29%. Es decir: casi la misma que anunció Macri a días de asumir. Para el trigo y el maíz, que tenían retención cero se dispuso una alícuota del 10% cada uno, es decir que prácticamente los valores vigentes durante la actual administración son los vigentes durante el gobierno anterior.

También es conveniente resaltar que no es cierto que ningún país del mundo aplique retenciones a sus exportaciones. Según un estudio de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos realizado en 2014, las restricciones a las exportaciones fueron aplicadas entre 2009 y 2012 en 72 países exportadores de materias primas industriales (minerales, metales y madera), y entre 2007 y 2011 en 16 países exportadores de materias primas agrícolas.

Estas restricciones van desde la prohibición lisa y llana a exportar un producto, el establecimiento de cuotas que limitan su volumen exportable, la imposición de retenciones y la exigencia de obtener licencias previas.

De los 16 países que aplicaron alguna traba, 13 prohibieron algún artículo concreto, mientras 9 aplicaron retenciones, principalmente para garantizar el suministro de ese producto para el mercado doméstico.

Según Agrofy News, la recaudación más alta que alcanzó ese tributo fue de 13.116 millones de dólares en 2011 y su mayor participación en el 2008 con 13,4% de los recursos tributarios y 3,1% del PBI, en ambos casos durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, con precios de la soja muy superiores a los niveles actuales.

Un informe de Ieral de la Fundación Mediterránea la relación entre recaudación efectiva y el flujo de exportaciones, Argentina ocupaba el quinto puesto más alto con una relación del 6,9% en el año 2017, en un ranking liderado por las Islas Salomón en Oceanía, seguido por Rusia, Costa de Marfil y Kazajistán.  

En el caso de la provincia de Buenos Aires, los productores también cuestionan el incremento del 75 por ciento del valor del Inmobiliario Rural que logró aprobar la administración de Axel Kicillof. Pagarán un 75% de incremento las propiedades cuya valuación correspondiente a 2019, en la tierra libre de mejoras, sea superior a $3 millones y la superficie sea superior a 2000 hectáreas. Para el gobierno esta tasa se aplicará a unos 211 grandes propietarios.

La suba llegará al 55% para las propiedades que tengan tierras libres de mejoras por valor superior a $3 millones y tengan menos de 2000 hectáreas. El mismo porcentaje se aplicará a quienes tengan tierras valuadas entre $816.075 y $3 millones. Tendrán, por su parte, una suba del 33% los contribuyentes bonaerenses que poseen tierras libres de mejoras por valor de entre $260.870 y $816.000 y recibirán un alza del 15% quienes tengan tierras valuadas hasta $260.870.

De acuerdo con la nueva ley impositiva bonaerense, los operadores de consorcios pagarán $46,50 por tonelada cargada, y $139 por tonelada descargada. Más $23 por cada movimiento mensual. Es la mitad de lo que pretendía imponer por alícuota el Ejecutivo provincial.

Así las cosas, los productores afirman que los precios de exportación de los tres principales cultivos se encuentran por debajo de la rentabilidad de la campaña 2018/19, con una reducción del 13% en el caso del maíz, de 7,7% en el caso de la soja y del 11,1% en el caso del trigo, mientras que los costos de producción se incrementan notoriamente respecto a la cosecha anterior, aún antes de la aplicación de los nuevos impuestos nacionales y provinciales.

De esta forma, con la rentabilidad del sector productivo agropecuario al menos cuestionada, la decisión de CARBAP abre las puertas a otro serio conflicto entre los productores agropecuarios y las administraciones nacional y provincial. A la asamblea de productores de Pergamino, junto a los máximos responsables de la confederación de Buenos Aires y La Pampa con Matías de Velazco a la cabeza, de CRA con Jorge Chemes, asistieron representantes de las entidades que integran la Mesa de Enlace Nacional, como el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, lo que demuestra que el enojo del campo es muy extendido y si bien siguen abiertos al diálogo, exigen que se de marcha atrás con algunas de las medidas que consideran confiscatorias.

Otra vez las retenciones, vuelven a ser vitales para las cuentas públicas y también como mecanismo que tiende a equilibrar los precios desbordados, en un país que exporta buena parte de lo que consume. Pero también es un impuesto cuyos reintegros son muy complicados de segmentar y, por lo tanto, genera el descontento de quienes deben tributarlo. De allí, este nuevo frente de tormenta que es imprescindible superar.

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