A 47 años del terror y tras 20 de causa, comienza el juicio por los crímenes de lesa humanidad en 1 y 60 y Comisaría Octava de La Plata

El próximo jueves 18 de mayo a las 9 comenzará el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y exterminio de la sede central del Cuerpo de Infantería y en el predio contiguo del Regimiento de Caballería (1 y 60, junto con en el Regimiento de Caballería), y parte de los hechos cometidos en la Comisaría Octava de La Plata (7 y 74); ambos pertenecientes al circuito Camps. Tras no darse en 2020, llegó el esperado momento.

El predio ubicado en 1 y 60 comenzó a operar como campo de concentración antes del golpe de Estado de 1976. Un día antes de que los militares sacaran del gobierno a María Estela Martínez de Perón, hubo una reunión en ese edificio –donde funcionaba el Cuerpo de Infantería de la Policía bonaerense– para ultimar los detalles de cómo se sucederían los secuestros y las torturas.

La instancia estará a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, compuesto por los jueces Karina Yabor, Andrés Basso y Ricardo Basílico.

Terrorismo de estado, desde 1 y 60: más de 20 años de lucha por las atrocidades en Caballería e Infantería

En las primeras horas del régimen dictatorial se registraron secuestros en los Astilleros Río Santiago, en Propulsora Siderúrgica, en la Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión (SIAP), en el Frigorífico Swift y en YPF, entre otros lugares de trabajo.

Las personas secuestradas, en muchos casos, fueron llevadas al predio de 1 y 60. Allí, les tomaban “declaraciones espontáneas”. Tanto las declaraciones espontáneas como las fichas fueron halladas en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y serán prueba esencial en este juicio que hace más de 20 años se esperaba.

Dentro de 1 y 60, los secuestrados eran alojados en dos zonas particularmente: la cuadra y los calabozos. Según los investigadores, esta dependencia policial funcionó como un lugar de tránsito de los detenidos hacia otros lugares de detención clandestinos y también como un espacio de tormentos. Uno de ellos, Julio López.

Tan importante fue que hasta fue usado -lamentablemente- en febrero de 1996 para la detención masiva de estudiantes como parte de la represión a una manifestación contra el arancelamiento de la universidad pública.

Comisaría Octava de La Plata, otro punto del Circuito Camps

La Comisaría 8ª, emplazada en 7 y 74, funcionó como un paso intermedio entre la total clandestinidad y el blanqueo de detenidos. Es decir, esta dependencia policial albergó a detenidos que venían de otros centros clandestinos –como podían ser 1 y 60 o La Cacha–.

Parte de esa zona gris es que los detenidos eran anotados en los libros de la comisaría, lo que significaba un anclaje después de días, semanas o meses en el estado de excepción que significaban los campos de concentración de la dictadura.

Lo que caracterizó a la Comisaría 8ª fue el hacinamiento total. Un policía declaró que llegaron a tener 180 detenidos en cuatro calabozos. También quienes pasaron por allí declararon que el hambre era una constante. La comida solía llegar desde la Unidad 9 de La Plata.

¿Qué genocidas serán juzgados en La Plata?

Serán juzgados 18 genocidas, empezando por el exministro de gobierno Jaime Lamont Smart e integrantes del Regimiento 7 de Infantería de La Plata. Es la primera vez que se va a juzgar a militares que eran parte del regimiento, donde tenía asiento el Área 113: Jorge Alberto Crinigan, Ismael Ramón Verón, Lucas Marcelo Castro, Enrique Francisco Welsh, Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramírez, Rubén Vicente Sánchez y Enrique Armando Cicciari; sumado a Carlos Hugo Leguizamón -exintegrante de la Policía Federal Argentina (PFA)-, como los integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale.

El exministro de gobierno Jaime Lamont Smart, juzgado por genocida

También serán juzgados los expolicías bonaerenses Claudio Rubén Mejías, Tomás D’Ottavio, Raúl Ricardo Monzón y Juan Antonio Vidal, junto a Carlos Ernesto “Indio” Castillo: miembro de la patota de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que funcionó como banda para estatal previo al 24 de marzo.

El Indio Castillo, uno de los juzgados por genocida

De 30 imputados, tres están sobreseídos por incapacidad sobreviviente: Miguel Angél Amigo, Juan Rafael Pochelú y Oscar Antonio Gómez Mígenes. Y 14 fallecieron impunes: Héctor Reinaldo Amuchastegui, José Luis Benítez, Gustavo Adolfo Cacivio, Ricardo Armando Fernández, José Clemente Forasteiro, Roberto Arturo Gigli, Carlos Hidalgo Garzón, Alberto Larroca, Raúl Guillermo Muñóz, Anselmo Pedro Palavezzati, Alberto José Esteban Pulvermacher, Adalberto Oscar Rincón, Emilio Herrero Anzorena y Rubén Rodolfo Sabich.

Fuente: Página 12, PO.