Ficha limpia: las claves del proyecto que podría bajar candidaturas en la provincia de Buenos Aires

En sintonía con los legisladores opositores nacionales, los senadores provinciales de Juntos impulsaron un proyecto de Ficha Limpia que pretende inhabilitar la competencia electoral de quienes tengan antecedentes penales. Las claves de una iniciativa que busca modificar tres normativas bonaerenses. 

El proyecto presentado por la senadora azuleña Lorena Mandagarán impulsa la incorporación en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la prohibición de acceder a cargos partidarios “a aquellas personas condenadas a penas privativas de la libertad con sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia”. 

Además, se pretende incorporar a la ley electoral de la provincia la obligación de que los partidos políticos presenten junto al pedido de oficialización de las listas, una Declaración Jurada donde los candidatos den cuenta de su ficha limpia. Según explicaron, en ese documento deberán manifestar “no estar comprendido/a en ninguna de las inhabilidades previstas en la Constitución Provincial”. 

#FichaLimpia

Presenté un proyecto de Ley que inhabilita la competencia electoral de quienes cuenten con antecedentes penales. pic.twitter.com/VCTCGGifai

— Lorena Mandagarán (@LoreMandagaran) August 8, 2022

La misma incorporación -de la DDJJ- se hará  en el régimen de elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas (PASO) para la selección de candidatos a cargos (Ley 14084), incorporando dentro de los requisitos que deben reunir las listas de candidatos.

El proyecto cuenta con la coautoría de sus pares Juan Pablo Allan, Yamila Alonso, Ariel Bordaisco, Alejandro Cellillo, Marcelo Daletto, Flavia Delmonte, David Hirtz, Agustín Máspoli y Erica Revilla.

Según explicó la legisladora, Juntos presentó el proyecto “a fin de fortalecer la representación política de la sociedad y la confianza de ésta en los y las candidatas que ofrecen los partidos políticos y alianzas electorales”. “Se impone la necesidad de generar resguardos para asegurar presupuestos básicos de integridad y ética pública”, concluyó.