EDITORIAL | El caso M: es más fácil recaerle a la madre

Por Carolina Villalba 

La desaparición y posible secuestro de la niña de siete años que fue llevada por un hombre en bicicleta el lunes pasado, pone de manifiesto el déficit de políticas públicas en materia de niños en situación de calle que, en la Ciudad de Buenos Aires, se caracteriza por bajos subsidios y pocas plazas disponibles en paradores.

El caso M. pone de manifiesto de la forma más cruel un fuerte déficit en materia de políticas públicas para abordar el desamparo que viven las niñas, niños y adolescentes que están en situación de calle.

“La madre la entregó”, “es su culpa, por no cuidarla bien”, se puede leer una y otra vez en las crueles redes sociales. Lo que no reflejan esas opiniones es la cruda realidad y situación de vulnerabilidad en la que viven esas familias. Según el último relevamiento anual realizado por organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría de la Ciudad y la Auditoría General porteña, unas 7251 viven en situación de calle, siendo 871 niños, niñas y adolescentes y al menos 40 mujeres embarazadas.

De las 7.251 personas censadas en aquella oportunidad, 5.412 no tenían acceso a paradores ni a establecimientos con convenio con el Gobierno de la Ciudad; es decir, duermen en la vía pública.

Sin acceso a una educación, a una vida digna, a la salud, a un alimento rico en calorías a diario. Todas las carencias que una persona puede tener. Esta situación estructural se ve agravada en el mundo y en nuestro país en particular por la afectación de la pandemia.

Las violencias no sólo son físicas. La desaparición de la nena de 7 años no sólo es responsabilidad de la madre. Detrás de esto hay un padre ausente, un hijo sano del patriarcado que decidió llevarse a la pequeña, pero -fundamentalmente- hay un Estado “abandónico”.

¿Qué va a pasar cuándo terminen las pericias? ¿La niña y su madre volverán a vivir abajo del puente? ¿La empatía y solidaridad de la sociedad pasará a ser el dedo acusador de la maldita meritocracia?

Sin dudas se volverá a estigmatizar. A pesar de las graves situaciones que soportan y las carencias que los excluyen, las personas califican a los más vulnerables de “ventajistas” que quieren cobrar plata del Estado “sin trabajar”, o se los acusa de embarazarse para cobrar la Asignación Universal por Hijo.

Esa falta de empatía frente a la desigualdad social ha sido una característica del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo el concepto de la “meritocracia”, las diferencias sociales se acentúan, en lugar de utilizar el Estado y sus herramientas para combatir tanta injusticia. El problema es estructural.